El Ayuntamiento de Estepona destinará este año más de 4 millones de euros en ayudas para bonificar a los empadronados el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para eximir del pago de la tasa de basura a los colectivos más vulnerables, en concreto, en el último ejercicio 2022, se establecieron cuantías por importe de 4.209.390,15 euros para bonificar el IBI y por 198.619,00 euros para exenciones de la tasa de basura.
Cabe recordar que los ciudadanos disponen de una reducción del 3% -tanto para el IBI, como para el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de basura- para aquellos que tengan domiciliado el pago de su recibo y lo realicen dentro del periodo de pago voluntario. En términos generales, el recibo medio del IBI ha pasado, desde 2011, de 700 a 560 euros.
El teniente de alcalde del Área Económica, José María Ayala, ha explicado que para beneficiarse de la bonificación por empadronamiento, las personas físicas no tendrán que solicitarla, ya que de forma automática las aplicará el Ayuntamiento.
En relación a la tasa de basura, estarán exentos del pago los jubilados y desempleados de larga duración empadronados en la localidad, lo que beneficiará a unos 1.898 recibos de contribuyentes. De forma automática se aplica a los jubilados que ya lo han solicitado en años anteriores. El resto de beneficiarios lo podrán solicitar hasta el 30 de diciembre, en el Ayuntamiento de Estepona.
Estas medidas se enmarcan dentro de las acciones de apoyo fiscal a todas las familias de Estepona, y en especial, a los colectivos más vulnerables, manteniendo el compromiso de no subir impuestos a los ciudadanos y ofrecer ayudas a quienes más lo necesitan.
Entre las medidas de las que se pueden beneficiar los ciudadanos destacan también la eliminación de la tasa de apertura para 35 tipos de actividades económicas; la bonificación del 75% en la tasa de apertura para colectivos vulnerables; la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la actividad industrial de los polígonos y la rebaja del 50% en la tasa de ocupación de la vía pública a los comerciantes que cumplen con la ordenanza municipal al respecto. La ordenanza fiscal recoge, asimismo, la reducción en la plusvalía y exención para aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios o desahucios, entre otras medidas.