El Congreso derogó el viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno. El primero cayó por 178 votos contra 172. Entre quienes decidieron figuran 65 diputados que cobran alquileres. La Cámara que legisla sobre los inquilinos tiene una notable vocación de casero.
Las cifras constan en las declaraciones de bienes que los propios diputados depositan en el Congreso. Según el recuento de Europa Press, 65 de los 350 (el 18,85%) ingresan rentas por alquilar viviendas, locales o fincas. Más del 85% declara al menos una vivienda en propiedad y el 45% declara dos o más. El analista Alejandro Cencerrado calcula una media de 1,6 viviendas por escaño; la del adulto español es de 0,7. El 40% de los ciudadanos no tiene ninguna.
Nada de esto es ilegal, y ahí radica su gracia. Poseer pisos es un derecho. El formulario del Congreso ni siquiera exige consignar el valor de los inmuebles, de modo que la cuota de una casa de pueblo pesa lo mismo que un piso en el centro de Madrid. La transparencia consiste en declarar; que alguien lea la declaración y saque conclusiones ya es cuestión de mala educación.
Ni los líderes escapan a la estadística. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene dos pisos en Madrid y declara 12.845 euros anuales por alquiler. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene tres viviendas y una finca rústica, y declara 5.584 euros. En el Grupo Socialista, 17 de 121 diputados cobran rentas. En el PP, 30 de 137. Uno de estos últimos, copropietario de media docena de viviendas, fincas y naves, y accionista de una inmobiliaria, declara entre 19.000 y 36.000 euros al año. Una diputada del mismo grupo afirma poseer el 50% de 19 viviendas. En Junts, tres de siete escaños cobran alquileres y otra diputada es dueña de una empresa de eventos y promoción inmobiliaria. Esto es lo declarado lo real es que parientes cercanos como mujeres, hermanos, cuñados de diputados también tienen actividades inmobiliarias de todo tipo, algunos medios citan a diputados del PP con intereses en más de 40 propiedades.
Sancho Panza lo resumió en 1615: “Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener”. La abuela, añadía, se atenía al del tener. Sancho advertía también de que “antes se toma el pulso al haber que al saber”. Cuatro siglos después, el hemiciclo lo confirma con rigor estadístico y realidad.
PP, Vox y Junts votaron en contra de los decretos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó la jornada de “conflicto de clase”. ERC acusó a los grupos que los tumbaron de anteponer intereses particulares. Quienes votaron no tienen argumentos que merecen atención: Coalición Canaria, que rechazó el segundo decreto, advirtió de que ninguna medida debe reducir los alquileres disponibles y defendió tramitar la reforma como proyecto de ley.
Queda el capítulo de los fondos, que las declaraciones de bienes no recogen. El sector acumula un largo historial de puertas giratorias. La gestión de la cartera de la Sareb, el llamado banco malo, acabó en manos de fondos como Blackstone e Hipoges, según recuerda El Salto. Caixabank es quien más casas tiene en España con más de 40 mil viviendas y cabe recordar que recibió más de 22.000 millones de euros de dinero público.
Los diputados no votan contra los inquilinos. Votan, simplemente, como vota quien tiene algo que perder. El instinto de propiedad se convierte así en doctrina parlamentaria, y el decreto nació del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. Los inquilinos, que no tienen escaño, pueden consolarse: al menos sus señorías declaran con detalle lo que poseen. Que políticos de alto rango terminen en las empresas que se benefician de sus decisiones es una de las pocas movilidades laborales que funciona en España.
